Israel, un estado al margen de la ley
Un sucinto repaso de las violaciones del derecho internacional y los derechos humanos cometidas por Israel en Palestina, con la inexplicable ausencia de las violaciones de los derechos de los presos palestinos en cárceles israelíes, permiten concluir que Israel es un estado al margen de la ley.
Así las cosas, el Centro Internacional de Justicia de Ginebra (GICJ) ha encargado un informe que ha recibido el título de “Por encima de la ley: La no implementación de las resoluciones de la ONU por parte de Israel”. El informe evalúa la aplicación por parte del estado de Israel de las resoluciones de los diversos organismos de la ONU (el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos y el ECOSOC) que afectan a Palestina y a los derechos de los palestinos entre 1948 y 2017. En 330 páginas, el informe se basa en estudios realizados sobre el terreno por expertos de la ONU, gobiernos y actores de la sociedad civil. En concreto, se centra en seis áreas temáticas que han sido abordadas periódicamente por las resoluciones de la ONU:
- El derecho de los palestinos a la autodeterminación.
- El estatus legal, geográfico y demográfico de los “territorios palestinos ocupados”.
- Los palestinos y palestinas refugiados y desplazados.
- Gobernanza, recursos naturales y economía.
- Militarización y operaciones militares.
- Derechos humanos de los palestinos/as.
La principal conclusión del estudio es que Israel ha hecho caso omiso descaradamente de todas las resoluciones de la ONU que critican sus actividades ilegales y sus consecuencias nefastas para los derechos inalienables del pueblo palestino desde 1948. El estudio también sostiene que la ocupación israelí de Palestina está íntimamente vinculada con su sistema de apartheid. La distinción legal israelí entre nacionalidad judía y los estatus de “ciudadanía” o “residencia” de los palestinos constituye la base de la discriminación de estos últimos. Este sistema está asimismo entrelazado con las políticas y las prácticas crecientemente antidemocráticas de Israel contra los disidentes políticos, incluyendo a los opositores judíos israelíes.
El derecho de autodeterminación
El informe muestra que las bases de las políticas y las prácticas israelíes características del colonialismo y el apartheid fueron establecidas hace casi siete décadas, con la Nakba de 1948. Ignorando la resolución sobre la partición de la ONU, Israel extendió sus fronteras más allá de las líneas establecidas por dicha resolución y se anexionó Jerusalén Occidental, que era contemplada en aquel plan bajo protección internacional.Después de haber impuesto su ocupación militar sobre el restante territorio palestino en 1967, Israel puso en marcha medidas administrativas y legislativas con el objetivo de establecer un control permanente sobre toda Palestina, especialmente a través de su política de asentamientos. En los últimos años, Israel ha dado pasos para subvertir el derecho de autodeterminación de los palestinos en represalia por el reconocimiento explícito de dicho derecho por la comunidad internacional.
Estatus legal, geográfico y demográfico
Tras su creación en 1948, el estado de Israel desarrolló rápidamente un marco legal para expropiar tierras y propiedades palestinas en beneficio de la colonización judía (primero dentro del territorio ocupado en 1948 y luego en el ocupado en 1967), en un intento de alterar ilegalmente el carácter, estatus y poblamiento de la Palestina histórica.Basándose en leyes discriminatorias sobre la propiedad, órdenes militares y un régimen de planificación y zonificación propio del apartheid, Israel ha confiscado, expropiado o demolido de forma sistemática tierras y propiedades palestinas tanto en los territorios ocupados en 1948 como en los ocupados en 1967, construyendo y consolidando la ilegal colonización israelí. Estas medidas violan innumerables resoluciones de la ONU que establecen que la construcción de asentamientos israelíes no tiene validez legal y constituye una flagrante violación del derecho internacional, además de obstaculizar gravemente el logro de una paz justa, dura y comprehensiva. La reciente “legalización” retroactiva de asentamientos salvajes hasta ahora considerados ilegales por el estado de Israel, permitiendo así el robo de tierras palestinas privadas, representa la continuación de las violaciones a las que nos estamos refiriendo.
La política de asentamientos, en combinación con la creación de obstáculos físicos, socava la contigüidad del territorio palestino y fragmenta sus comunidades en pequeños enclaves aislados entre sí y controlados por la Potencia Ocupante, que están siendo rodeados, además, por masivos bloques de asentamientos, muros, puestos de control y vastas zonas de seguridad y carreteras de uso exclusivo para los colonos israelíes.
Los llamamientos de la comunidad internacional, incluida la misma Corte Internacional de Justicia, se los han llevado el viento ante la continuación de la expansión de los asentamientos y de la construcción del muro, que están profundizando la fragmentación del territorio palestino y separando familias enteras.
El informe revela, además, cómo las actividades israelíes han venido erosionando, desde 1948, el estatus tradicional de Jerusalén como centro de la vida política, cultural y social de Palestina, y siguen alterando profundamente el estatus de Jerusalén Este como capital de un futuro estado palestino.
Refugiados y desplazados
A pesar de la histórica resolución 194 (III) del 11 de diciembre de 1948 de la Asamblea General de la ONU y de la resolución 237 de 14 de junio de 1967 del Consejo de Seguridad, así como de muchas más resoluciones relacionadas, Israel sigue negando los derechos de los palestinos y palestinas refugiadas y desplazadas, en particular su derecho al retorno.En ausencia de una resolución justa de este grave problema, muchas personas viven en condiciones deplorables bajo la ocupación y en el exilio, caracterizadas por la vulnerabilidad, el despojo y la fragilidad de sus situaciones socioeconómicas. Las transferencias de población de Israel y las recurrentes operaciones militares están ocasionando un desplazamiento incesante de la población palestina, sin que hasta el momento se hayan depurado responsabilidades y aprobado las reparaciones pertinentes.
Gobernanza, recursos naturales y economía
Otro área temática de las resoluciones de la ONU cuya implementación ha sido examinada es la interferencia o la obstrucción israelíes de la gobernanza, la economía, el desarrollo social y las infraestructuras palestinas, en clara violación de los derechos políticos, sociales y económicos palestinos.Por lo que respecta a la gobernabilidad, después de 1967, las fuerzas armadas israelíes atacaron, detuvieron y deportaron a políticos palestinos y atacaron y cerraron las instituciones de gobierno palestinas. Los Acuerdos de Oslo consolidaron la ocupación política, porque la Autoridad Palestina dependía de la financiación israelí y estaba atada de pies y manos por las disposiciones de los citados acuerdos. En la actualidad, Israel sigue interfiriendo en la gobernanza de los palestinos por medio, entre otras cosas, de la retención de fondos, la obstrucción de las actividades políticas y las restricciones de los movimientos de las autoridades y los representantes palestinos.
En cuanto a los recursos naturales, el sistema discriminatorio de control israelí sobre los recursos palestinos se encuentra en el centro de la explotación israelí de los recursos naturales palestinos en beneficio de la economía y la población israelíes, incluyendo a los colonos. La política de cierres de accesos y restricciones de los movimientos representan trabas adicionales al uso palestino de sus recursos naturales.
Y en el terreno de la economía, el desarrollo social y las infraestructuras, Israel no ha perdido el tiempo y ha sujetado la economía palestina a los intereses israelíes. Con el Protocolo de París de 1994, se consolidó la dependencia económica palestina de la Potencia Ocupante. Las restricciones israelíes de los movimientos de personas y bienes palestinos, las severas sanciones, el régimen discriminatorio de zonificación y planificación del desarrollo, las acciones militares y el asfixiante bloqueo de Gaza han arruinado la economía palestina y causado enormes dificultades socioeconómicas, así como una prolongada crisis humanitaria en la Franja de Gaza.
Militarización y operaciones militares
El continuado rechazo de Israel a aplicar la Cuarta Convención de Ginebra desde 1967 ha creado una situación en la que una población civil indefensa se ve enfrentada a unas omnipresentes y poderosas fuerzas militares, financiadas por el estado de Israel y apoyadas por el gobierno de Tel Aviv.Israel persiste en su prolongada ocupación militar y en sus frecuentes y devastadoras operaciones militares, especialmente en Gaza, marcadas por el uso excesivo de la fuerza contra civiles palestinos. Estas operaciones han causado pérdidas y sufrimiento sin cuento y ha privado al pueblo palestino de una vida digna y profundizado su desesperación.
Derechos humanos
Las violaciones generalizadas de los derechos humanos de los palestinos cometidas por Israel han sido objeto de numerosas resoluciones de la ONU. Haciendo caso omiso a las reiteradas llamadas de la comunidad internacional desde 1967 para que cumpla con sus obligaciones, de acuerdo con los derechos humanos y el derecho humanitario internacional, Israel ha persistido en sus deliberadas, organizadas e institucionalizadas violaciones de los derechos humanos de los palestinos, que han sido regularmente denunciadas en resoluciones de la ONU:- El uso excesivo de la fuerza, con consecuencias frecuentemente letales, por parte de las fuerzas de ocupación israelíes y la impunidad de que goza la violencia ejercida por los colonos violan el derecho fundamental de los palestinos a la vida.
- Israel sigue llevando a cabo detenciones y arrestos arbitrarios a gran escala, en condiciones de encarcelamiento indignas y haciendo uso de la tortura, imponiendo castigos colectivos, llegando al extremo del bloqueo a la población de Gaza, así como los desplazamientos y las expulsiones de palestinos por la fuerza.
- La Potencia Ocupante interfiere de forma violenta y arbitraria con el derecho de propiedad, destruyendo casas e infraestructuras vitales amparándose en unas leyes discriminatorias, órdenes militares y políticas de planificación y zonificación propias del apartheid.
- Graves violaciones del derecho a la libre expresión, asociación y reunión pacífica de los palestinos, así como del derecho a participar en la vida pública y política, llegando a cerrar instituciones, reprimir violentamente manifestaciones pacíficas y arrestar a activistas de los derechos humanos.
- Israel limita el derecho de los palestinos a la educación, entre otras cosas, mediante restricciones a las actividades escolares, las demoliciones y el cierre de instituciones educativas, poniendo trabas a los movimientos de los escolares, llevando ao cabo incursiones militares y agresiones de los colonos contra estos escolares.
- Israel restringe gravemente la libertad de movimientos de los palestinos, imponiendo toques de queda en áreas enteras, construyendo el muro, estableciendo puestos de control y otros obstáculos físicos, en combinación con un terrible régimen de permisos.
- Israel viola el derecho a la residencia y a la vida familiar, promulgando leyes discriminatorias que limitan la entrada en el territorio, la residencia y la reunificación familiar, al tiempo que perpetúa prácticas que discriminan a la población palestina, entre otras cosas, mediante la negación y la revocación del estatus de residencia.
- Como Potencia Ocupante, Israel viola la libertad religiosa y de culto, sobre todo a través de las restricciones de acceso a lugares de culto y de “excavaciones arqueológicas” que ponen en peligro el mantenimiento de esos lugares de culto. Las incursiones casi diarias, las provocaciones y la incitación a la violencia por parte del gobierno, líderes religiosos, fuerzas de ocupación y colonos extremistas representan otras tantas agresiones contra el status quo y el carácter sagrado de los lugares de culto.
- A través de sus políticas y prácticas, Israel priva a los palestinos del derecho a un nivel de vida digno. Sus acciones ponen en peligro los medios de vida de los palestinos, incrementan los niveles de pobreza y la inseguridad alimentaria, niegan a los palestinos el acceso a servicios sociales, ponen trabas a su acceso a los servicios médicos y hunden a la Franja de Gaza en una profunda crisis humanitaria.
Consideración general
Mientras Israel ha seguido violando el derecho internacional y los derechos humanos con absoluta impunidad durante casi siete décadas, los palestinos ven cómo sus derechos inalienables desaparecen ante una ocupación prolongada, una guerra asimétrica, los intereses del poder y la conveniencia política. Los continuos esfuerzos de varios estados miembros de la ONU para introducir medidas de presión, contempladas en el capítulo VII de la Carta de la ONU, a través del Consejo de Seguridad, para obligar a Israel a cumplir con sus obligaciones internacionales, han sido bloqueados repetidamente por el veto de Estados Unidos.El informe concluye diciendo que la única forma de acabar con las violaciones de los derechos humanos es mediante el desmantelamiento del brutal sistema de ocupación. La liberación de Palestina de las cadenas de la ocupación y el apartheid, así como la disolución de la discriminación de las minorías étnicas y políticas dentro de Israel, abrirían el camino para una democracia auténtica y una paz justa en la región. Para lograr este objetivo, todos los actores que están interesados realmente en los derechos humanos y la paz deben actuar como un frente unido para poner fin a un sistema inhumano que amenaza a la humanidad de todos nosotros y la justicia para todos.
Fuente: Above the Law: Israel’s Non-implementation of UN Resolutions on Occupied Palestine, IMEMC News, 4/05/2017
Traducción: Javier Villate (@bouleusis)
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