El ‘apartheid’ israelí y el caso del agua: preguntas y respuestas
Según la posición palestina, el reparto entre Palestina e Israel de los recursos hídricos transfronterizos ha de estar inspirado en el derecho internacional y en sus principios fundamentales.
El acceso al agua y al saneamiento, que es un derecho humano fundamental, está implícita y explícitamente consagrado en varios tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Contra la Discriminación de la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. Todos los recursos transfronterizos de agua dulce deben ser compartidos de forma “equitativa y razonable”, de acuerdo con el derecho internacional consuetudinario.
Como tales, los recursos hídricos transfronterizos entre Palestina e Israel deben ser administrados de acuerdo con el derecho internacional y los principios rectores de estas convenciones internacionales.
No. En la práctica, el gobierno israelí no está cumpliendo el derecho internacional sobre el agua ni los convenios que ha firmado. Además, en tanto que Potencia Ocupante, Israel tiene obligaciones muy concretas respecto al territorio y la población que ocupa. Lamentablemente, Israel no solo no cumple con esas responsabilidades, que son obligaciones establecidas por el derecho internacional consuetudinario, sino que, de hecho, sigue explotando los recursos naturales palestinos del territorio que ocupa.
Al explotar más del 85 por ciento de estos recursos para uso exclusivo de los israelíes, incluyendo a los colonos de los asentamientos ilegales, Israel deja menos del 15 por ciento a los palestinos. Esto se lleva a cabo a través de numerosas órdenes militares que gobiernan y restringen el uso de los recursos hídricos por los palestinos.
En 1995, como parte de los Acuerdos de Oslo, la OLP (Organización para la Liberación de Palestina) firmó un acuerdo provisional con Israel. El artículo 40 del Anexo III de ese acuerdo se refiere al agua, estableciendo una asignación de los recursos hídricos para un periodo de cinco años, transcurridos los cuales el tema del agua habría de ser resuelto como parte de un acuerdo de estatus final entre los estados de Palestina e Israel. Mientras tanto, se creó un Comité Conjunto del Agua para supervisar todos los proyectos relacionados con el agua y las aguas residuales de Cisjordania, requiriendo teóricamente el acuerdo de palestinos e israelíes para todo proyecto, uso de acuíferos y recursos hídricos compartidos, así como para la protección de las fuentes de agua y su sostenibilidad.
Pasados más de 24 años del término teórico de ese acuerdo provisional y de que Israel debiera haber puesto fin a la ocupación, el estado judío sigue controlando en la actualidad más del 60 por ciento de Cisjordania, mantiene el control total sobre el agua y proyectos relacionados y desarrolla un sistema de dominación doblemente prohibitivo.
Mientras el acceso de los palestinos al agua ha disminuido, la población palestina se ha multiplicado por dos. En enero de 2017 había más de cien proyectos palestinos relacionados con el agua y el saneamiento que estaban pendientes de aprobación. Desde 1967, Israel no ha permitido la construcción de ni siquiera un nuevo pozo de agua palestino en el acuífero occidental. Los pozos construidos sin permiso israelí son sistemáticamente destruidos por las fuerzas de ocupación.
Un último aspecto importante relacionado con los recursos hídricos de Israel y Palestina es el hecho de que Cisjordania —incluyendo Jerusalén Este— y la Franja de Gaza han estado bajo ocupación militar durante casi 50 años. Como Potencia Ocupante, Israel es responsable de proteger a la población local del territorio que ocupa y tiene prohibido explotar sus recursos naturales para beneficiar a su propia población. Israel no ha cumplido con el primer deber y ha violado el segundo.
Para los palestinos, esto significa una falta de acceso al agua que varía en función de su ubicación y su capacidad para pagar por un extra de agua, que deben “recomprar” esencialmente a Israel.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la necesidad mínima de agua es de 100 litros por persona y día. El palestino medio vive con 73 litros al día y hay algunas áreas en las que, como ha señalado el Banco Mundial, el consumo diario de agua es de solo 25 litros por persona.
Una familia palestina gasta de media el 8 por ciento de sus gastos mensuales en la compra de agua, en comparación con la media mundial del 3,5 por ciento. En ciertas áreas bajo control israelí, los palestinos se ven obligados a depender de tanques de agua con un precio tan elevado que representa el 50 por ciento de los gastos mensuales de esos palestinos/as.
En Cisjordania, el suministro de algunas comunidades palestinas procede de redes de agua “conjuntas”, que también sirven a los colonos israelíes que viven ilegalmente en territorio palestino. Durante los secos meses de verano, las válvulas de las redes de agua que dan suministro a las comunidades palestinas son cerradas rutinariamente por las autoridades israelíes de ocupación, con el fin de que los colonos judíos no sufran escasez de agua.
En la Franja de Gaza, que ha estado bajo bloqueo militar israelí durante los últimos diez años, la grave escasez de agua ha llevado a los palestinos a depender fundamentalmente de la parte subyacente del acuífero costero. Los dos millones de gazatíes extraen actualmente casi tres veces más que la recarga anual de dicho acuífero. La ONU estima que esta parte del acuífero estará irreversiblemente dañada para 2020.
En marcado contraste con los palestinos, el israelí medio consume alrededor de 300 litros al día. Las estimaciones sugieren que los colonos israelíes —aquellos que viven en la Cisjordania ocupada— consumen hasta seis veces más agua que las comunidades palestinas cercanas. En el valle del Jordán, las facturas de agua de los colonos ascienden a un promedio del 0,9 por ciento de sus gastos mensuales. El cierre de las válvulas que conducen el agua a las áreas palestinas en los meses de verano permite a los colonos, a pesar de la sequía, mantener altos niveles de consumo de agua sin interrupción, a expensas de las comunidades palestinas.
Según el derecho internacional (en concreto, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional), el crimen de apartheid es definido como “actos inhumanos (…) cometidos en un contexto de régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre otro grupo o grupos raciales, con la intención de mantener ese régimen”.
En 2013, la organización de derechos humanos Al Haq publicó un informe titulado “Agua solo para un pueblo: Acceso discriminatorio y apartheid del agua en los Territorios Palestinos Ocupados”, que proporciona un análisis legal en profundidad y establece tres pilares del apartheid del agua israelí:
Demarcación de la población siguiendo criterios raciales.
Segregación de diferentes áreas geográficas.
Uso de la “seguridad” para justificar un régimen institucionalizado de dominación y opresión sistemáticas.
El informe concluye diciendo que “el ejercicio ilegal por parte de Israel de los derechos de soberanía sobre los recursos hídricos palestinos y sus políticas y prácticas discriminatorias son elementos integrales de un sistema institucionalizado de dominación judeo-israelí sobre los palestinos como grupo, en la forma de un régimen colonial y de apartheid”.
Fuente: Israeli apartheid and the case of water: Question and Answer, Palestine News Network, 23/03/2017
Traducción: Javier Villate (@bouleusis)
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