La corrupción en el comercio de armas
Andrew Feinstein
La fabricación y el comercio de armas es un negocio que cuenta sus ganancias en miles de millones de euros y sus costes, en vidas humanas.
El comercio de armas impulsa una colosal cantidad de dinero dedicado cada año a la "defensa": un billón de euros solo en 2010, 180 euros por cada persona del planeta.
Representa casi el 40 por ciento de la corrupción en el comercio mundial. El pequeño número de personas que deciden sobre contratos multibillonarios, las enormes sumas de dinero en juego y el velo de secretismo detrás del cual tienen lugar las transacciones (en interés de la "seguridad nacional") aseguran que este negocio tenga una clara propensión a la corrupción.
Los acuerdos formales entre gobiernos y el comercio ilícito o negro están inextricablemente entrelazados y funcionan gracias a la colusión entre políticos, espías de los servicios de inteligencia, corporaciones, banqueros, blanqueadores de dinero, intermediarios y delincuentes comunes.
Este mundo oscuro del dinero, la corrupción, el engaño y la muerte opera de acuerdo con sus propias reglas, libres del escrutinio público, que aportan enormes beneficios a unos pocos elegidos y miseria a millones de personas. Este comercio corroe nuestras democracias, debilita a estados ya frágiles y, a menudo, socava la seguridad nacional que pretende fortalecer.
Experimenté todo esto de primera mano cuando fui parlamentario por el Congreso Nacional Africano (CNA) en la naciente democracia de Sudáfrica. Cuando nuestro presidente entonces, Thabo Mbeki, afirmaba que no teníamos recursos para ofrecer medicamentos para salvar las vidas de más de cinco millones de personas que vivían con el HIV/SIDA, gastábamos 8.000 millones de euros en armas que no necesitábamos y que apenas utilizamos en la actualidad. Se pagaron alrededor de 230 millones de euros en sobornos a altos cargos políticos y de la administración, intermediarios y al mismo CNA.
Para encubrir esta corrupción, la dirección del CNA debilitó las instituciones de la democracia por las que habían luchado con tanto coraje. El parlamento se subordinó incondicionalmente al gobierno. Yo fui expulsado de la comisión que dirigía y, finalmente, me obligaron a abandonar el parlamento, donde la mayoría del CNA votó en contra de efectuar una investigación sobre el negocio de las armas. Los dos principales organismos anticorrupción fueron clausurados, a los investigadores se les dijo a quién y qué podían y no podían investigar, y a las autoridades judiciales se les dijo a quién debían acusar. Si estabas implicado en la corrupción y eras un peligro político para el presidente Mbeki, eras acusado. Pero si estabas metido hasta el cuello en tramas corruptas y eras aliado del presidente, ni siquiera eras investigado.
La compañía británica BAE Systems contribuyó con 138 millones de euros en sobornos y recibió el contrato más suculento, aunque el avión que vendió no había sido preseleccionado y era dos veces y media más caro que el deseado por las fuerzas aéreas. El ministro de Defensa de entonces, que había aceptado importantes sobornos, decidió excluir el coste como criterio para la elección del que fue el mayor contrato firmado hasta entonces por la Sudáfrica democrática. Solo 11 de los 24 aviones han sido utilizados en algún momento.
En los cinco años y medio posteriores a la firma de este contrato, 355.000 sudafricanos murieron como consecuencia de la negativa del gobierno a proporcionar medicamentos antirretrovirales a través del sistema público de salud. Sudáfrica podría haber construido cerca de dos millones de viviendas con el dinero gastado en armas o haber creado 100.000 puestos de trabajo al año durante diez años, en un país con tasa oficial de desempleo cercana al 30 por ciento.
Según el vicepresidente del país, Kgalema Motlanthe, la corrupción es un fenómeno generalizado en el partido gobernante y en todos los niveles del gobierno. Sus raíces hay que buscarlas en el negocio de las armas y sus tapaderas, siendo ahí donde el CNA perdió su brújula moral.
La Oficina Británica de Fraudes Graves (SFO, por sus siglas en inglés), después de una extensa investigación en seis casos de tráfico corrupto de armas, decidió denunciar a BAE, pero luego llegó a un acuerdo con la compañía, que se vio obligada a admitir solamente irregularidades menores y a pagar una multa de unos 600.000 euros. Unos meses más tarde, en un contrato con el gobierno de EEUU, BAE admitió que había pagado comisiones no autorizadas (lo que tú y yo entendemos como sobornos). La compañía fue multada con 500 millones de euros, una parte minúscula de lo que había ganado con los contratos, y se le permitió continuar con sus actividades.
Unos pocos años antes, bajo la presión política de Tony Blair, la SFO había clausurado una investigación sobre BAE en relación con el mayor contrato de venta de armas que haya habido en el mundo. Según la policía, BAE pagó más de 7.000 millones de euros en sobornos por el contrato de Al Yamamah con el autocrático estado de Arabia Saudí. Nadie ha sido acusado por ello.
Los gobiernos evitan que las empresas de armamentos de su país sean sometidas a un control significativo y las protegen frente a las implicaciones legales de su conducta debido a las relaciones simbióticas que existen entre ellos. Hay un movimiento regular de destacadas personalidades entre puestos en los gobiernos, servicios de inteligencia y compañías de armamentos. Estas son vistas no solo como elementos clave de los sectores industriales del país, sino también como esenciales para la defensa nacional, la política exterior y las actividades de espionaje.
En el mundo posterior al 11-S, con el énfasis en la seguridad nacional, resulta cada vez más difícil criticar estos supuestos. Se ignora, incluso, que con lo que cuesta crear un empleo en esta industria podrían crearse entre tres y siete empleos en otros sectores, tales como sanidad, energías limpias y educación.
En estos tiempos económicamente difíciles, en los que millones de personas están perdiendo sus puestos de trabajo y el sector público está siendo desmantelado, las empresas armamentísticas exhiben pocas señales de que se estén apretando el cinturón.
Estados Unidos, que gasta casi tanto como todo el resto del mundo junto en defensa, sigue adelante con la producción de F-35, un avión de combate que costará a los contribuyentes por lo menos 380.000 millones de dólares (unos 291.000 millones de euros), y que, en palabras de un antiguo ingeniero espacial del Pentágono, es "una completa porquería".
Pero es necesario para asegurar la prosperidad del sistema de compras de armas domésticas en EEUU, en la que los líderes del Pentágono aprueban estos absurdos proyectos porque la gran mayoría de ellos quieren trabajos bien remunerados en las compañías armamentísticas después de que abandonen el gobierno. Los políticos votan ciegamente por ellos, ya que reciben grandes contribuciones a las campañas electorales por parte de estas compañías y temen ser denunciados como contrarios a la creación de empleo. Mientras tanto, estas compañías ganan dinero a espuertas de forma inmerecida, a menudo produciendo armas irrelevantes e inadecuadas, a menudo por más del doble del coste originalmente acordado.
El negocio de las armas, que alimenta y perpetúa los conflictos que hay en el mundo, está menos regulado y supervisado que otras industrias "dañinas", tales como las productoras de tabaco o alcohol. Con el fin de seguir operando, los que fabrican y venden armas deben aceptar un grado mayor de regulación, transparencia y responsabilidad.
Ha llegado la hora de levantar el velo tras el que se oculta este mundo oscuro y exigir que nuestros impuestos no se utilicen para desarrollar nuevas armas mortíferas para beneficio material de una pequeña elite egoísta, sino que se empleen para mejorar las vidas de quienes pasan hambre, están desempleados o sufren las consecuencias mortales del comercio de armas.
Andrew Feinstein fue miembro del Congreso Nacional Africano y del parlamento de Sudáfrica. Ahora es escritor, activista y fundador de Corruption Watch. Su último libro es The Shadow Wordl: Inside the Global Arms Trade (2011).
Traducción: Javier Villate
Publicado originalmente en: The shadow world: corruption in the arms trade, New Internationalist, 1/12/2011
Muéstrame quién se beneficia de la guerra, y te mostraré cómo detenerla.
— Henry Ford, empresario estadounidense (1863-1947)
La fabricación y el comercio de armas es un negocio que cuenta sus ganancias en miles de millones de euros y sus costes, en vidas humanas.
El comercio de armas impulsa una colosal cantidad de dinero dedicado cada año a la "defensa": un billón de euros solo en 2010, 180 euros por cada persona del planeta.
Representa casi el 40 por ciento de la corrupción en el comercio mundial. El pequeño número de personas que deciden sobre contratos multibillonarios, las enormes sumas de dinero en juego y el velo de secretismo detrás del cual tienen lugar las transacciones (en interés de la "seguridad nacional") aseguran que este negocio tenga una clara propensión a la corrupción.
Los acuerdos formales entre gobiernos y el comercio ilícito o negro están inextricablemente entrelazados y funcionan gracias a la colusión entre políticos, espías de los servicios de inteligencia, corporaciones, banqueros, blanqueadores de dinero, intermediarios y delincuentes comunes.
Este mundo oscuro del dinero, la corrupción, el engaño y la muerte opera de acuerdo con sus propias reglas, libres del escrutinio público, que aportan enormes beneficios a unos pocos elegidos y miseria a millones de personas. Este comercio corroe nuestras democracias, debilita a estados ya frágiles y, a menudo, socava la seguridad nacional que pretende fortalecer.
Sobornos
Experimenté todo esto de primera mano cuando fui parlamentario por el Congreso Nacional Africano (CNA) en la naciente democracia de Sudáfrica. Cuando nuestro presidente entonces, Thabo Mbeki, afirmaba que no teníamos recursos para ofrecer medicamentos para salvar las vidas de más de cinco millones de personas que vivían con el HIV/SIDA, gastábamos 8.000 millones de euros en armas que no necesitábamos y que apenas utilizamos en la actualidad. Se pagaron alrededor de 230 millones de euros en sobornos a altos cargos políticos y de la administración, intermediarios y al mismo CNA.
Para encubrir esta corrupción, la dirección del CNA debilitó las instituciones de la democracia por las que habían luchado con tanto coraje. El parlamento se subordinó incondicionalmente al gobierno. Yo fui expulsado de la comisión que dirigía y, finalmente, me obligaron a abandonar el parlamento, donde la mayoría del CNA votó en contra de efectuar una investigación sobre el negocio de las armas. Los dos principales organismos anticorrupción fueron clausurados, a los investigadores se les dijo a quién y qué podían y no podían investigar, y a las autoridades judiciales se les dijo a quién debían acusar. Si estabas implicado en la corrupción y eras un peligro político para el presidente Mbeki, eras acusado. Pero si estabas metido hasta el cuello en tramas corruptas y eras aliado del presidente, ni siquiera eras investigado.
La compañía británica BAE Systems contribuyó con 138 millones de euros en sobornos y recibió el contrato más suculento, aunque el avión que vendió no había sido preseleccionado y era dos veces y media más caro que el deseado por las fuerzas aéreas. El ministro de Defensa de entonces, que había aceptado importantes sobornos, decidió excluir el coste como criterio para la elección del que fue el mayor contrato firmado hasta entonces por la Sudáfrica democrática. Solo 11 de los 24 aviones han sido utilizados en algún momento.
En los cinco años y medio posteriores a la firma de este contrato, 355.000 sudafricanos murieron como consecuencia de la negativa del gobierno a proporcionar medicamentos antirretrovirales a través del sistema público de salud. Sudáfrica podría haber construido cerca de dos millones de viviendas con el dinero gastado en armas o haber creado 100.000 puestos de trabajo al año durante diez años, en un país con tasa oficial de desempleo cercana al 30 por ciento.
Según el vicepresidente del país, Kgalema Motlanthe, la corrupción es un fenómeno generalizado en el partido gobernante y en todos los niveles del gobierno. Sus raíces hay que buscarlas en el negocio de las armas y sus tapaderas, siendo ahí donde el CNA perdió su brújula moral.
Irregularidades contables
La Oficina Británica de Fraudes Graves (SFO, por sus siglas en inglés), después de una extensa investigación en seis casos de tráfico corrupto de armas, decidió denunciar a BAE, pero luego llegó a un acuerdo con la compañía, que se vio obligada a admitir solamente irregularidades menores y a pagar una multa de unos 600.000 euros. Unos meses más tarde, en un contrato con el gobierno de EEUU, BAE admitió que había pagado comisiones no autorizadas (lo que tú y yo entendemos como sobornos). La compañía fue multada con 500 millones de euros, una parte minúscula de lo que había ganado con los contratos, y se le permitió continuar con sus actividades.
Unos pocos años antes, bajo la presión política de Tony Blair, la SFO había clausurado una investigación sobre BAE en relación con el mayor contrato de venta de armas que haya habido en el mundo. Según la policía, BAE pagó más de 7.000 millones de euros en sobornos por el contrato de Al Yamamah con el autocrático estado de Arabia Saudí. Nadie ha sido acusado por ello.
Los gobiernos evitan que las empresas de armamentos de su país sean sometidas a un control significativo y las protegen frente a las implicaciones legales de su conducta debido a las relaciones simbióticas que existen entre ellos. Hay un movimiento regular de destacadas personalidades entre puestos en los gobiernos, servicios de inteligencia y compañías de armamentos. Estas son vistas no solo como elementos clave de los sectores industriales del país, sino también como esenciales para la defensa nacional, la política exterior y las actividades de espionaje.
En el mundo posterior al 11-S, con el énfasis en la seguridad nacional, resulta cada vez más difícil criticar estos supuestos. Se ignora, incluso, que con lo que cuesta crear un empleo en esta industria podrían crearse entre tres y siete empleos en otros sectores, tales como sanidad, energías limpias y educación.
En estos tiempos económicamente difíciles, en los que millones de personas están perdiendo sus puestos de trabajo y el sector público está siendo desmantelado, las empresas armamentísticas exhiben pocas señales de que se estén apretando el cinturón.
Levantar el velo
Estados Unidos, que gasta casi tanto como todo el resto del mundo junto en defensa, sigue adelante con la producción de F-35, un avión de combate que costará a los contribuyentes por lo menos 380.000 millones de dólares (unos 291.000 millones de euros), y que, en palabras de un antiguo ingeniero espacial del Pentágono, es "una completa porquería".
Pero es necesario para asegurar la prosperidad del sistema de compras de armas domésticas en EEUU, en la que los líderes del Pentágono aprueban estos absurdos proyectos porque la gran mayoría de ellos quieren trabajos bien remunerados en las compañías armamentísticas después de que abandonen el gobierno. Los políticos votan ciegamente por ellos, ya que reciben grandes contribuciones a las campañas electorales por parte de estas compañías y temen ser denunciados como contrarios a la creación de empleo. Mientras tanto, estas compañías ganan dinero a espuertas de forma inmerecida, a menudo produciendo armas irrelevantes e inadecuadas, a menudo por más del doble del coste originalmente acordado.
El negocio de las armas, que alimenta y perpetúa los conflictos que hay en el mundo, está menos regulado y supervisado que otras industrias "dañinas", tales como las productoras de tabaco o alcohol. Con el fin de seguir operando, los que fabrican y venden armas deben aceptar un grado mayor de regulación, transparencia y responsabilidad.
Ha llegado la hora de levantar el velo tras el que se oculta este mundo oscuro y exigir que nuestros impuestos no se utilicen para desarrollar nuevas armas mortíferas para beneficio material de una pequeña elite egoísta, sino que se empleen para mejorar las vidas de quienes pasan hambre, están desempleados o sufren las consecuencias mortales del comercio de armas.
Andrew Feinstein fue miembro del Congreso Nacional Africano y del parlamento de Sudáfrica. Ahora es escritor, activista y fundador de Corruption Watch. Su último libro es The Shadow Wordl: Inside the Global Arms Trade (2011).
Traducción: Javier Villate
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