Mubarak resucitado
Marina Ottaway
Publicado originalmente en: Mubarak Regime: Redux, Sada - Carnegie Endowment for International Peace, 16/11/2011
Quiero hacer una breve puntualización sobre lo que la autora dice en el primer párrafo de este artículo. La actuación del ejército durante la insurrección egipcia no fue todo lo "admirable" que parece tras un vistazo superficial. Reprimieron manifestaciones, aunque pocas veces; detuvieron a manifestantes, más veces de lo que puede creerse (de hecho, ahora están siendo juzgados algunos de los detenidos) y protegieron en ocasiones a partidarios de Mubarak en algunas refriegas callejeras. Ciertamente, no se enfrentaron abiertamente con los egipcios. Sus planes eran otros...
El exdictador Hosni Mubarak y el actual jefe de las Fuerzas Armadas Mohamed Husein Tantaui se parecen demasiado.
En los primeros días de la insurrección egipcia —cuando la violencia amenazó con hundir el país—, los militares hicieron un trabajo admirable manteniendo el orden sin violencia y facilitando la salida de Hosni Mubarak. Diez meses más tarde, se han convertido en la amenaza más seria en la transición a la democracia. Recientes anuncios no dejan lugar a dudas de que el ejército gobierna Egipto, y de que pretende mantener su control indefinidamente.
El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) ha revivido la idea de adoptar una serie de principios supra-constitucionales que serán vinculantes para la comisión de cien miembros que redactará la nueva constitución del país. Esta idea fue sugerida a comienzos del verano por el candidato presidencial Mohamed ElBaradei y fue objeto de un agrio debate durante varios meses antes de que se desvaneciera.
Aunque la Hermandad Musulmana y los partidos laicos más liberales, como al-Ghad y Karama, se opusieron a esta propuesta calificándola de antidemocrática, los más laicistas la apoyaron, suponiendo ingenuamente que los principios supra-constitucionales impedirían que los islamistas proclamaran una república islámica aunque ganaran las elecciones por gran mayoría.
Con el claro apoyo del CSFA, el viceprimer ministro Ali al-Selmi ha hecho público unilateralmente un borrador de estos principios supra-constitucionales. Este documento muestra que el ejército pretende imponer su particular visión de la democracia, fuertemente basada en el control militar, haciendo caso omiso de cualquier intento de construir un auténtico consenso en torno a valores compartidos. Uno de los principios vinculantes contenidos en ese borrador sostiene que el ejército —y el presupuesto militar— no estará sometido al control civil. También declara que si la comisión constitucional no aprueba una nueva constitución dentro de seis meses, el CSFA nombrará una nueva por su cuenta. Como garantía adicional, el CSFA ha emitido nuevas normas sobre la composición de la comisión: esta estará compuesta de 20 miembros electos del parlamento, mientras que el resto será elegido (no está claro por quién) entre los jueces, profesores universitarios, la Iglesia Copta, la Universidad al-Azhar, los sindicatos y una serie de organizaciones que, en su mayoría, están controladas por el gobierno. Y si la constitución propuesta contuviera artículos que contravinieran las declaraciones constitucionales del CSFA, la comisión tendría que revisarlos o la corte constitucional suprema emitiría una sentencia vinculante. La única conclusión que puede extraerse de todo esto es que el ejército pretende tener la primera y la última palabra de la constitución.
Varios factores han favorecido este deslizamiento hacia un régimen militar. El primero es el viejo temor a que los partidos islamistas ganen las elecciones programadas para el 28 de noviembre. Probablemente, eso será lo que suceda, como ha sido el caso en Túnez, donde el partido islamista Ennahda ha conseguido el 40 por ciento de los votos. En Egipto, la Hermandad Musulmana y su afiliado Partido de la Libertad y la Justicia están muy bien organizados y son muy disciplinados, mientras que los partidos laicos están fragmentados y no han conseguido organizarse bien. De hecho, es bastante posible que el éxito de Ennahda haya reforzado la disposición del ejército egipcio de no permitir que un organismo electo pueda influir en la nueva constitución.
Pero un segundo factor, y en muchos sentidos más preocupante, es la colusión con el ejército de muchos partidos "liberales" y autoproclamados campeones de la democracia, que han saludado con entusiasmo los últimos anuncios del CSFA. El partido Wafd ha aceptado esas declaraciones, manteniendo silencio solo en lo que se refiere al rechazo del control civil sobre el ejército. El Partido Egipcios Libres ha proclamado su acuerdo con el grueso de las propuestas. Y así lo han hecho, también, prácticamente todos los partidos liberales, salvo al-Ghad y Karama, que mantienen su alianza con la Hermandad Musulmana. En realidad, desde el punto de vista de los liberales, el único punto controvertido de la propuesta de al-Selmi ha sido la inclusión en los principios supra-constitucionales de la ausencia de control civil sobre el ejército y su presupuesto. En respuesta, al-Selmi declaró posteriormente que la cláusula en cuestión sería retirada, aunque no sugirió lo contrario, es decir, que la supervisión civil del ejército sería incorporada en los principios supra-constitucionales. Sorprendentemente, las únicas voces que han condenado inequívocamente las propuestas del CSFA han sido los partidos islamistas, el Movimiento 6 de Abril y el candidato presidencial Mohamed ElBaradei.
No hay duda de que Egipto se está deslizando hacia un régimen parecido al de Mubarak: un ejército fuerte, apoyado en la complicidad de los políticos laicos, cuyas ideas sobre la democracia es que ellos deben gobernar. La elección en Egipto no es entre una dictadura militar y un régimen talibán, como sostienen algunos talibanes. Es, más bien, entre un régimen tipo-Mubarak y los principios por los que ha luchado el pueblo en las calles egipcias.
Marina Ottaway es consultora especial del Carnegie Endowment for International Peace.
Traducción: Javier Villate
Publicado originalmente en: Mubarak Regime: Redux, Sada - Carnegie Endowment for International Peace, 16/11/2011
Quiero hacer una breve puntualización sobre lo que la autora dice en el primer párrafo de este artículo. La actuación del ejército durante la insurrección egipcia no fue todo lo "admirable" que parece tras un vistazo superficial. Reprimieron manifestaciones, aunque pocas veces; detuvieron a manifestantes, más veces de lo que puede creerse (de hecho, ahora están siendo juzgados algunos de los detenidos) y protegieron en ocasiones a partidarios de Mubarak en algunas refriegas callejeras. Ciertamente, no se enfrentaron abiertamente con los egipcios. Sus planes eran otros...
El exdictador Hosni Mubarak y el actual jefe de las Fuerzas Armadas Mohamed Husein Tantaui se parecen demasiado.
En los primeros días de la insurrección egipcia —cuando la violencia amenazó con hundir el país—, los militares hicieron un trabajo admirable manteniendo el orden sin violencia y facilitando la salida de Hosni Mubarak. Diez meses más tarde, se han convertido en la amenaza más seria en la transición a la democracia. Recientes anuncios no dejan lugar a dudas de que el ejército gobierna Egipto, y de que pretende mantener su control indefinidamente.
El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) ha revivido la idea de adoptar una serie de principios supra-constitucionales que serán vinculantes para la comisión de cien miembros que redactará la nueva constitución del país. Esta idea fue sugerida a comienzos del verano por el candidato presidencial Mohamed ElBaradei y fue objeto de un agrio debate durante varios meses antes de que se desvaneciera.
Aunque la Hermandad Musulmana y los partidos laicos más liberales, como al-Ghad y Karama, se opusieron a esta propuesta calificándola de antidemocrática, los más laicistas la apoyaron, suponiendo ingenuamente que los principios supra-constitucionales impedirían que los islamistas proclamaran una república islámica aunque ganaran las elecciones por gran mayoría.
Con el claro apoyo del CSFA, el viceprimer ministro Ali al-Selmi ha hecho público unilateralmente un borrador de estos principios supra-constitucionales. Este documento muestra que el ejército pretende imponer su particular visión de la democracia, fuertemente basada en el control militar, haciendo caso omiso de cualquier intento de construir un auténtico consenso en torno a valores compartidos. Uno de los principios vinculantes contenidos en ese borrador sostiene que el ejército —y el presupuesto militar— no estará sometido al control civil. También declara que si la comisión constitucional no aprueba una nueva constitución dentro de seis meses, el CSFA nombrará una nueva por su cuenta. Como garantía adicional, el CSFA ha emitido nuevas normas sobre la composición de la comisión: esta estará compuesta de 20 miembros electos del parlamento, mientras que el resto será elegido (no está claro por quién) entre los jueces, profesores universitarios, la Iglesia Copta, la Universidad al-Azhar, los sindicatos y una serie de organizaciones que, en su mayoría, están controladas por el gobierno. Y si la constitución propuesta contuviera artículos que contravinieran las declaraciones constitucionales del CSFA, la comisión tendría que revisarlos o la corte constitucional suprema emitiría una sentencia vinculante. La única conclusión que puede extraerse de todo esto es que el ejército pretende tener la primera y la última palabra de la constitución.
Varios factores han favorecido este deslizamiento hacia un régimen militar. El primero es el viejo temor a que los partidos islamistas ganen las elecciones programadas para el 28 de noviembre. Probablemente, eso será lo que suceda, como ha sido el caso en Túnez, donde el partido islamista Ennahda ha conseguido el 40 por ciento de los votos. En Egipto, la Hermandad Musulmana y su afiliado Partido de la Libertad y la Justicia están muy bien organizados y son muy disciplinados, mientras que los partidos laicos están fragmentados y no han conseguido organizarse bien. De hecho, es bastante posible que el éxito de Ennahda haya reforzado la disposición del ejército egipcio de no permitir que un organismo electo pueda influir en la nueva constitución.
Pero un segundo factor, y en muchos sentidos más preocupante, es la colusión con el ejército de muchos partidos "liberales" y autoproclamados campeones de la democracia, que han saludado con entusiasmo los últimos anuncios del CSFA. El partido Wafd ha aceptado esas declaraciones, manteniendo silencio solo en lo que se refiere al rechazo del control civil sobre el ejército. El Partido Egipcios Libres ha proclamado su acuerdo con el grueso de las propuestas. Y así lo han hecho, también, prácticamente todos los partidos liberales, salvo al-Ghad y Karama, que mantienen su alianza con la Hermandad Musulmana. En realidad, desde el punto de vista de los liberales, el único punto controvertido de la propuesta de al-Selmi ha sido la inclusión en los principios supra-constitucionales de la ausencia de control civil sobre el ejército y su presupuesto. En respuesta, al-Selmi declaró posteriormente que la cláusula en cuestión sería retirada, aunque no sugirió lo contrario, es decir, que la supervisión civil del ejército sería incorporada en los principios supra-constitucionales. Sorprendentemente, las únicas voces que han condenado inequívocamente las propuestas del CSFA han sido los partidos islamistas, el Movimiento 6 de Abril y el candidato presidencial Mohamed ElBaradei.
No hay duda de que Egipto se está deslizando hacia un régimen parecido al de Mubarak: un ejército fuerte, apoyado en la complicidad de los políticos laicos, cuyas ideas sobre la democracia es que ellos deben gobernar. La elección en Egipto no es entre una dictadura militar y un régimen talibán, como sostienen algunos talibanes. Es, más bien, entre un régimen tipo-Mubarak y los principios por los que ha luchado el pueblo en las calles egipcias.
Marina Ottaway es consultora especial del Carnegie Endowment for International Peace.
Traducción: Javier Villate
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