Los retos del nuevo gobierno de Guatemala
Taylor Dibbert
Publicado originalmente en: Old Habits Die Hard: What the Election of Otto Peréz Means for Guatemala, Foreign Policy Journal, 10/11/2011
El 6 de noviembre, Otto Pérez Molina fue elegido próximo presidente de Guatemala, convirtiéndose en el primer militar que dirige el país desde 1986, año en que Guatemala volvió a reencontrarse con la democracia después de décadas de dictadura. Destacada figura militar en los años 80 y 90, Pérez Molina fue un político activo durante el periodo más sangriento de los 36 años de conflicto civil, que dejó unos 200.000 muertos.
Pérez Molina ha sido acusado de genocidio y graves violaciones de los derechos humanos en numerosas ocasiones. Francamente, es difícil creer que un hombre tan poderoso como Pérez Molina no supiera nada o no hiciera nada en relación con las atrocidades cometidas contra los indígenas guatemaltecos entre 1960 y 1996.
Además, la bipartidaria Comisión para la Clarificación Histórica (una comisión de la verdad y la reconciliación creada tras terminar el conflicto) descubrió que no menos del 93 por ciento de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra habían sido perpetradas por el ejército, una estadística claramente incriminadora.
Este año, Pérez Molina ha sido el gran favorito desde el principio. En septiembre, muchas personas se sorprendieron cuando no consiguió el 50 por ciento necesario para evitar una segunda vuelta. Claramente, el lema de la campaña de Pérez Molina, "mano dura", ha encontrado eco en el electorado. Según el exgeneral, ese sencillo lema significa "tolerancia cero con la violencia y el crimen".
Para muchos, el ascenso de Pérez Molina es difícil de entender. Pero después de mirar la tasa de alfabetización del país, las estadísticas de la delincuencia y la historia reciente del tráfico de drogas, su ascenso tiene más sentido. Guatemala es un desastre absoluto en lo que se refiere al crimen organizado y el tráfico de drogas. En 2010, el país tuvo uno de los índices de homicidios más elevados del mundo, con más de 40 asesinatos por cada cien mil habitantes. Para poner esto en perspectiva, la tasa de homicidios en EEUU fue inferior al cinco por cada cien mil. En México fue de 14 por cada cien mil. Las estadísticas varían, pero la tasa de homicidios en Ciudad de Guatemala, la capital, es mucho más alarmante. Esa cifra es actualmente de alrededor de 110 homicidios por cada cien mil personas. A pesar de todo este derramamiento de sangre, la tasa de procesamientos se sitúa entre el 2 y 3 por ciento. La impunidad generalizada se ha institucionalizado.
El peligro de la presidencia de Pérez Molina, y la sospecha de muchos, es que los derechos humanos y las libertades civiles van a retroceder una vez que tome el cargo. Afrontar los problemas de seguridad no va a ser fácil. Y no está claro si la estrategia actual de este hombre es realmente practicable. Intentar reformar la policía y conseguir una mayor participación del ejército no son, precisamente, unas recetas de éxito demostrado. Basta con echar un vistazo a lo que ha sucedido en México desde que Felipe Calderón asumió la presidencia.
Lo más triste de todo esto es que, a pesar de que hay grandes problemas que debe afrontar el país, las drogas y la violencia llaman mucho más la atención que asuntos tan poco atractivos como el analfabetismo, la pobreza, un ineficiente sistema fiscal, las desigualdades de ingresos y la desnutrición, todos ellos problemas de gran importancia en Guatemala. Según The Economist, el último año, el gasto del gobierno central guatemalteco representó el 13,7 por ciento del PIB, el porcentaje más bajo de América Latina. En este momento es difícil que el gobierno gaste más en los programas sociales, ya que el sistema fiscal es muy defectuoso. Este es un enorme desafío y tal vez debería situarse en un lugar prioritario en cualquier programa de reformas.
En cuanto a los indicadores socioeconómicos, la población indígena maya de Guatemala (aproximadamente dos tercios de este país de 14 millones de habitantes) es claramente la que más sufre. Por desgracia, este sector social apenas tiene voz cuando se trata la política del país.
Lo que el gobierno entrante —y el resto del país— debe entender es que la mejora de la situación de seguridad del país y la reforma de las desigualdades socioeconómicas no son objetivos mutuamente excluyentes. Ambos asuntos deberían ser tratados simultáneamente. En primer lugar, no abordar los alarmantes niveles de pobreza es moralmente indefendible. En segundo lugar, la pobreza y el crimen están relacionados, aunque sea ligeramente. La gente debe dejar de verlos como embrollos sin relación alguna.
Ser elegido es una cosa, gobernar sabiamente es otra. Como se ha dicho, el presidente electo Pérez Molina es un líder probado que sabe cómo se hacen las cosas, cueste lo que cueste. La cuestión es si tiene voluntad política para poner en práctica reformas significativas más allá de la limpieza de la policía, la represión del crimen violento y del tráfico ilegal de drogas. Teniendo en cuenta su accidentado pasado, hay bastantes evidencias que sugieren que Pérez Molina es un hombre en el que no se puede confiar, ni ahora ni nunca.
Probablemente, ignorará los preocupantes indicadores socioeconómicos del país, eludirá un debate real sobre el patético régimen fiscal de su país y quitará importancia a los derechos humanos. Si esto sucede, pasaré a ser otro presidente guatemalteco más que no habrá sabido dirigir un país que ha perdido claramente el rumbo.
Taylor Dibbert es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Georgia y tiene un Master en Asuntos Internacionales de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Columbia. Ha sido voluntario de Peace Corps en Guatemala entre 2006 y 2008. Es autor del libro Fiesta of Sunset: The Peace Corps, Guatemala and a Search for Truth.
Traducción: Javier Villate
Publicado originalmente en: Old Habits Die Hard: What the Election of Otto Peréz Means for Guatemala, Foreign Policy Journal, 10/11/2011
El 6 de noviembre, Otto Pérez Molina fue elegido próximo presidente de Guatemala, convirtiéndose en el primer militar que dirige el país desde 1986, año en que Guatemala volvió a reencontrarse con la democracia después de décadas de dictadura. Destacada figura militar en los años 80 y 90, Pérez Molina fue un político activo durante el periodo más sangriento de los 36 años de conflicto civil, que dejó unos 200.000 muertos.
Pérez Molina ha sido acusado de genocidio y graves violaciones de los derechos humanos en numerosas ocasiones. Francamente, es difícil creer que un hombre tan poderoso como Pérez Molina no supiera nada o no hiciera nada en relación con las atrocidades cometidas contra los indígenas guatemaltecos entre 1960 y 1996.
Además, la bipartidaria Comisión para la Clarificación Histórica (una comisión de la verdad y la reconciliación creada tras terminar el conflicto) descubrió que no menos del 93 por ciento de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra habían sido perpetradas por el ejército, una estadística claramente incriminadora.
Este año, Pérez Molina ha sido el gran favorito desde el principio. En septiembre, muchas personas se sorprendieron cuando no consiguió el 50 por ciento necesario para evitar una segunda vuelta. Claramente, el lema de la campaña de Pérez Molina, "mano dura", ha encontrado eco en el electorado. Según el exgeneral, ese sencillo lema significa "tolerancia cero con la violencia y el crimen".
Para muchos, el ascenso de Pérez Molina es difícil de entender. Pero después de mirar la tasa de alfabetización del país, las estadísticas de la delincuencia y la historia reciente del tráfico de drogas, su ascenso tiene más sentido. Guatemala es un desastre absoluto en lo que se refiere al crimen organizado y el tráfico de drogas. En 2010, el país tuvo uno de los índices de homicidios más elevados del mundo, con más de 40 asesinatos por cada cien mil habitantes. Para poner esto en perspectiva, la tasa de homicidios en EEUU fue inferior al cinco por cada cien mil. En México fue de 14 por cada cien mil. Las estadísticas varían, pero la tasa de homicidios en Ciudad de Guatemala, la capital, es mucho más alarmante. Esa cifra es actualmente de alrededor de 110 homicidios por cada cien mil personas. A pesar de todo este derramamiento de sangre, la tasa de procesamientos se sitúa entre el 2 y 3 por ciento. La impunidad generalizada se ha institucionalizado.
El peligro de la presidencia de Pérez Molina, y la sospecha de muchos, es que los derechos humanos y las libertades civiles van a retroceder una vez que tome el cargo. Afrontar los problemas de seguridad no va a ser fácil. Y no está claro si la estrategia actual de este hombre es realmente practicable. Intentar reformar la policía y conseguir una mayor participación del ejército no son, precisamente, unas recetas de éxito demostrado. Basta con echar un vistazo a lo que ha sucedido en México desde que Felipe Calderón asumió la presidencia.
Lo más triste de todo esto es que, a pesar de que hay grandes problemas que debe afrontar el país, las drogas y la violencia llaman mucho más la atención que asuntos tan poco atractivos como el analfabetismo, la pobreza, un ineficiente sistema fiscal, las desigualdades de ingresos y la desnutrición, todos ellos problemas de gran importancia en Guatemala. Según The Economist, el último año, el gasto del gobierno central guatemalteco representó el 13,7 por ciento del PIB, el porcentaje más bajo de América Latina. En este momento es difícil que el gobierno gaste más en los programas sociales, ya que el sistema fiscal es muy defectuoso. Este es un enorme desafío y tal vez debería situarse en un lugar prioritario en cualquier programa de reformas.
En cuanto a los indicadores socioeconómicos, la población indígena maya de Guatemala (aproximadamente dos tercios de este país de 14 millones de habitantes) es claramente la que más sufre. Por desgracia, este sector social apenas tiene voz cuando se trata la política del país.
Lo que el gobierno entrante —y el resto del país— debe entender es que la mejora de la situación de seguridad del país y la reforma de las desigualdades socioeconómicas no son objetivos mutuamente excluyentes. Ambos asuntos deberían ser tratados simultáneamente. En primer lugar, no abordar los alarmantes niveles de pobreza es moralmente indefendible. En segundo lugar, la pobreza y el crimen están relacionados, aunque sea ligeramente. La gente debe dejar de verlos como embrollos sin relación alguna.
Ser elegido es una cosa, gobernar sabiamente es otra. Como se ha dicho, el presidente electo Pérez Molina es un líder probado que sabe cómo se hacen las cosas, cueste lo que cueste. La cuestión es si tiene voluntad política para poner en práctica reformas significativas más allá de la limpieza de la policía, la represión del crimen violento y del tráfico ilegal de drogas. Teniendo en cuenta su accidentado pasado, hay bastantes evidencias que sugieren que Pérez Molina es un hombre en el que no se puede confiar, ni ahora ni nunca.
Probablemente, ignorará los preocupantes indicadores socioeconómicos del país, eludirá un debate real sobre el patético régimen fiscal de su país y quitará importancia a los derechos humanos. Si esto sucede, pasaré a ser otro presidente guatemalteco más que no habrá sabido dirigir un país que ha perdido claramente el rumbo.
Taylor Dibbert es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Georgia y tiene un Master en Asuntos Internacionales de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Columbia. Ha sido voluntario de Peace Corps en Guatemala entre 2006 y 2008. Es autor del libro Fiesta of Sunset: The Peace Corps, Guatemala and a Search for Truth.
Traducción: Javier Villate
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