Israel no escucha a sus jueces
Jonathan Cook
Publicado originalmente en: Israel Stops Listening to Its Judges » Counterpunch: Tells the Facts, Names the Names, Counterpunch, 16-18/07/2010
El gobierno israelí se está enfrentando a varias denuncias por desacato tras haberse negado a cumplir una sentencia de la Corte Suprema que pone fin a una política presupuestaria que privilegia a las comunidades judías, incluidos los asentamientos, en vez de a las mucho más pobres ciudades y aldeas árabes del interior de Israel.
La denuncia, presentada en nombre de la minoría palestina de Israel, se sitúa en un contexto de crecientes críticas al gobierno por ignorar las decisiones judiciales que no le gustan; una tendencia que ha sido observada por los mismos jueces de la Corte Suprema.
Yehudit Karp, un antiguo ayudante del fiscal general, ha elaborado una lista de las últimas 12 sentencias judiciales que el gobierno se ha negado a aplicar, pero varios grupos legales creen que hay más ejemplos. Muchas de las sentencias ignoradas confieren beneficios a los palestinos, ya sea en los territorios ocupados o en Israel, o penalizan a los colonos.
Los críticos han acusado al gobierno de violar el estado de derecho y han advertido que este desafío ha sido posible, principalmente, porque los políticos derechistas y los grupos religiosos han erosionado gravemente la autoridad de la Corte Suprema en los últimos años.
Destacados miembros del actual gobierno derechista del primer ministro Benjamin Netanyahu, incluido el ministro de Justicia, Yaakov Neeman, han criticado en repetidas ocasiones al alto tribunal por lo que llaman su "activismo judicial", es decir, por su injerencia en asuntos que, en su opinión, deben ser decididos únicamente por el parlamento.
Algunos expertos legales, sin embargo, advierten que, debido a que Israel carece de una constitución, la Corte es el único baluarte contra la tiranía de una mayoría judía que atropella los derechos de los 1,3 millones de ciudadanos palestinos del país, así como de los cuatro millones de palestinos que viven bajo la ocupación en Cisjordania y Gaza.
Ilan Saban, profesor de derecho en la Universidad de Haifa, ha dicho: "A diferencia de la mayoría de las democracias, si no de todas, Israel carece de una cultura política que respete los límites del poder de la mayoría". Incluso las protecciones ofrecidas por las leyes fundamentales de Israel, ha dicho, no están muy arraigadas y pueden ser fácilmente reformadas. La inexistencia de una Constitución formal y de una tradición de tolerancia política, agregó, se combinan para ofrecer un "cóctel peligroso".
El diario liberal israelí Haaretz fue más lejos y advirtió recientemente que, al "difamar al poder judicial", los miembros del gobierno habían provocado una crisis que podría "llevar a la destrucción de la democracia israelí".
El máximo tribunal del país tiene que resolver en las próximas semanas si el gobierno ha desobedecido una sentencia que la corte promulgó hace cuatro años para poner fin a un régimen discriminatorio, conocido como Sistema Nacional de Áreas Prioritarias (PNA), que proporciona ayudas financieras extraordinarias en materia educativa a ciertas comunidades.
El Comité de Seguimiento, un órgano de coordinación política que representa a una buena parte de la minoría palestina de Israel, puso en marcha el caso, ya que sólo cuatro pequeñas aldeas palestinas fueron incluidas en el PNA, junto a unas 550 comunidades judías. Dicho organismo calcula que el PNA, creado en 1998, ha privado a los ciudadanos palestinos, que representan una quinta parte de la población de Israel, de millones de dólares.
Aunque el tribunal falló en febrero de 2006 que dicho programa debe ser desechado, el gobierno ha aprobado una serie de prórrogas que lo mantendrán en vigor al menos hasta 2012.
Sawsan Zaher, abogada de Adalah, el centro legal que puso en marcha el recurso, dijo: "Este caso se ha convertido en un símbolo de cómo el gobierno se niega a aplicar las decisiones que no le gustan, especialmente las relativas a la protección de los derechos de las minorías". Sin embargo, añadió que castigar al Estado por sus acciones no será fácil. "Después de todo, la Corte no va a encarcelar al gobierno. Todo lo que podemos esperar es una multa".
El caso PNA es sólo uno de los muchos que han puesto de relieve una tendencia creciente del gobierno a infringir la ley.
Zaher dijo que Adalah tenía por lo menos otra media docena de casos en los que estaban estudiando interponer recursos por desacato. La mayoría se refiere al tratamiento de las aldeas beduinas en el Néguev, cuya existencia se niega a reconocer el estado y a las que se niegan los servicios más elementales, y a la ausencia de asignación de iguales recursos a las escuelas árabes.
En su informe anual más reciente, la Asociación de Derechos Civiles de Israel, el grupo de derechos legales más grande del país, enumera varios ejemplos de sentencias de la Corte Suprema que ordenan desmantelar varias secciones de la barrera de separación construida en tierras palestinas de Cisjordania y que han sido ignoradas.
En una audiencia celebrada en octubre de 2009, Dorit Beinisch, presidente de la Corte, acusó al gobierno de tomar "la ley en sus propias manos" y tratar sus sentencias como "meras recomendaciones".
Beinisch estaba molesta por el hecho de que una orden de eliminar la barrera alrededor de la aldea palestina de Azzoun, cerca de Kalkilya, había sido ignorada durante tres años. Los jueces se habían enterado de que la razón oculta para la construcción de la barrera había sido ayudar a ampliar el asentamiento vecino de Tzufim.
Del mismo modo, en mayo el tribunal se enteró de que el gobierno había seguido construyendo una carretera entre los asentamientos de Eli y Hayovel, a pesar de la orden judicial para que se detuvieran las obras. En una respuesta redactada con dureza, los jueces dijeron: "Es inconcebible que el estado no sepa lo que se está haciendo delante de sus narices".
El mes pasado, la Corte Suprema criticó duramente una vez más al gobierno por ignorar una orden del año pasado para demoler una planta depuradora de aguas residuales. Esta se había construido en el asentamiento cisjordano de Ofra en tierras palestinas de propiedad privada, lo cual está prohibido por la ley israelí.
Otros casos destacados en que los miembros del gobierno están desafiando las resoluciones judiciales se refieren a la negativa a demoler una sinagoga construida por colonos, la no construcción de cientos de aulas para los niños palestinos en Jerusalén Este, y la práctica continuada de "atar" a los trabajadores extranjeros a un único empresario.
A fines del año pasado, el ministro de Justicia, Yaakov Neeman, advirtió que estaba estudiando un proyecto de ley que permitiría al parlamento eludir a la Corte Suprema, incluso en los casos en que los jueces revoquen una ley sobre la base de que infringe una ley básica.
Según algunos observadores, el hecho de que el gobierno se haya burlado de estas sentencias ha sido posible gracias al creciente desencanto público con la justicia.
El mes pasado, una encuesta realizada por la Universidad de Haifa encontró que entre los judíos de Israel que no eran ultraortodoxos o colonos --ambos grupos tienden a rechazar la autoridad de la Corte-- sólo el 36 por ciento expresaba una gran fe en sus decisiones. En 2000 ese porcentaje era del 61 por ciento. Entre los colonos la cifra fue del 20 por ciento, frente al 46 por ciento de hace una década.
Aryeh Rattner, profesor de derecho que llevó a cabo la investigación, atribuye en parte esa disminución de la consideración de la Corte a su "excesiva participación" en lo que denominó temas religiosos, sociales y de seguridad controvertidos.
Sin embargo, el profesor Saban dijo que el "activismo" del que se ha acusado a la Corte era más ilusorio que real, y que el alto tribunal a menudo ha sido reacio a intervenir en casos en los que eran patentes las violaciones de derechos. En el caso del PNA, dijo, este programa manifiestamente discriminatorio venía siendo impugnado ante los tribunales desde su introducción en 1998.
"La Corte tardó casi diez años en decidir en contra del programa, y desde entonces el gobierno ha eludido aplicar la decisión judicial por lo menos hasta 2012. En otras palabras, los demandantes pueden estar desprotegidos durante 14 años. Eso no parece que sea activismo".
Jonathan Cook es escritor y periodista que reside en Nazaret, Israel. Sus últimos libros son Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East (Pluto Press) y Disappearing Palestine: Israel's Experiments in Human Despair (Zed Books). Su página web es http://www.jkcook.net.
Traducción: Javier Villate
Publicado originalmente en: Israel Stops Listening to Its Judges » Counterpunch: Tells the Facts, Names the Names, Counterpunch, 16-18/07/2010
El gobierno israelí se está enfrentando a varias denuncias por desacato tras haberse negado a cumplir una sentencia de la Corte Suprema que pone fin a una política presupuestaria que privilegia a las comunidades judías, incluidos los asentamientos, en vez de a las mucho más pobres ciudades y aldeas árabes del interior de Israel.
La denuncia, presentada en nombre de la minoría palestina de Israel, se sitúa en un contexto de crecientes críticas al gobierno por ignorar las decisiones judiciales que no le gustan; una tendencia que ha sido observada por los mismos jueces de la Corte Suprema.
Yehudit Karp, un antiguo ayudante del fiscal general, ha elaborado una lista de las últimas 12 sentencias judiciales que el gobierno se ha negado a aplicar, pero varios grupos legales creen que hay más ejemplos. Muchas de las sentencias ignoradas confieren beneficios a los palestinos, ya sea en los territorios ocupados o en Israel, o penalizan a los colonos.
Los críticos han acusado al gobierno de violar el estado de derecho y han advertido que este desafío ha sido posible, principalmente, porque los políticos derechistas y los grupos religiosos han erosionado gravemente la autoridad de la Corte Suprema en los últimos años.
Destacados miembros del actual gobierno derechista del primer ministro Benjamin Netanyahu, incluido el ministro de Justicia, Yaakov Neeman, han criticado en repetidas ocasiones al alto tribunal por lo que llaman su "activismo judicial", es decir, por su injerencia en asuntos que, en su opinión, deben ser decididos únicamente por el parlamento.
Algunos expertos legales, sin embargo, advierten que, debido a que Israel carece de una constitución, la Corte es el único baluarte contra la tiranía de una mayoría judía que atropella los derechos de los 1,3 millones de ciudadanos palestinos del país, así como de los cuatro millones de palestinos que viven bajo la ocupación en Cisjordania y Gaza.
Ilan Saban, profesor de derecho en la Universidad de Haifa, ha dicho: "A diferencia de la mayoría de las democracias, si no de todas, Israel carece de una cultura política que respete los límites del poder de la mayoría". Incluso las protecciones ofrecidas por las leyes fundamentales de Israel, ha dicho, no están muy arraigadas y pueden ser fácilmente reformadas. La inexistencia de una Constitución formal y de una tradición de tolerancia política, agregó, se combinan para ofrecer un "cóctel peligroso".
El diario liberal israelí Haaretz fue más lejos y advirtió recientemente que, al "difamar al poder judicial", los miembros del gobierno habían provocado una crisis que podría "llevar a la destrucción de la democracia israelí".
El Comité de Seguimiento, un órgano de coordinación política que representa a una buena parte de la minoría palestina de Israel, puso en marcha el caso, ya que sólo cuatro pequeñas aldeas palestinas fueron incluidas en el PNA, junto a unas 550 comunidades judías. Dicho organismo calcula que el PNA, creado en 1998, ha privado a los ciudadanos palestinos, que representan una quinta parte de la población de Israel, de millones de dólares.
Aunque el tribunal falló en febrero de 2006 que dicho programa debe ser desechado, el gobierno ha aprobado una serie de prórrogas que lo mantendrán en vigor al menos hasta 2012.
Sawsan Zaher, abogada de Adalah, el centro legal que puso en marcha el recurso, dijo: "Este caso se ha convertido en un símbolo de cómo el gobierno se niega a aplicar las decisiones que no le gustan, especialmente las relativas a la protección de los derechos de las minorías". Sin embargo, añadió que castigar al Estado por sus acciones no será fácil. "Después de todo, la Corte no va a encarcelar al gobierno. Todo lo que podemos esperar es una multa".
El caso PNA es sólo uno de los muchos que han puesto de relieve una tendencia creciente del gobierno a infringir la ley.
Zaher dijo que Adalah tenía por lo menos otra media docena de casos en los que estaban estudiando interponer recursos por desacato. La mayoría se refiere al tratamiento de las aldeas beduinas en el Néguev, cuya existencia se niega a reconocer el estado y a las que se niegan los servicios más elementales, y a la ausencia de asignación de iguales recursos a las escuelas árabes.
En su informe anual más reciente, la Asociación de Derechos Civiles de Israel, el grupo de derechos legales más grande del país, enumera varios ejemplos de sentencias de la Corte Suprema que ordenan desmantelar varias secciones de la barrera de separación construida en tierras palestinas de Cisjordania y que han sido ignoradas.
En una audiencia celebrada en octubre de 2009, Dorit Beinisch, presidente de la Corte, acusó al gobierno de tomar "la ley en sus propias manos" y tratar sus sentencias como "meras recomendaciones".
Beinisch estaba molesta por el hecho de que una orden de eliminar la barrera alrededor de la aldea palestina de Azzoun, cerca de Kalkilya, había sido ignorada durante tres años. Los jueces se habían enterado de que la razón oculta para la construcción de la barrera había sido ayudar a ampliar el asentamiento vecino de Tzufim.
Del mismo modo, en mayo el tribunal se enteró de que el gobierno había seguido construyendo una carretera entre los asentamientos de Eli y Hayovel, a pesar de la orden judicial para que se detuvieran las obras. En una respuesta redactada con dureza, los jueces dijeron: "Es inconcebible que el estado no sepa lo que se está haciendo delante de sus narices".
El mes pasado, la Corte Suprema criticó duramente una vez más al gobierno por ignorar una orden del año pasado para demoler una planta depuradora de aguas residuales. Esta se había construido en el asentamiento cisjordano de Ofra en tierras palestinas de propiedad privada, lo cual está prohibido por la ley israelí.
Otros casos destacados en que los miembros del gobierno están desafiando las resoluciones judiciales se refieren a la negativa a demoler una sinagoga construida por colonos, la no construcción de cientos de aulas para los niños palestinos en Jerusalén Este, y la práctica continuada de "atar" a los trabajadores extranjeros a un único empresario.
A fines del año pasado, el ministro de Justicia, Yaakov Neeman, advirtió que estaba estudiando un proyecto de ley que permitiría al parlamento eludir a la Corte Suprema, incluso en los casos en que los jueces revoquen una ley sobre la base de que infringe una ley básica.
Según algunos observadores, el hecho de que el gobierno se haya burlado de estas sentencias ha sido posible gracias al creciente desencanto público con la justicia.
El mes pasado, una encuesta realizada por la Universidad de Haifa encontró que entre los judíos de Israel que no eran ultraortodoxos o colonos --ambos grupos tienden a rechazar la autoridad de la Corte-- sólo el 36 por ciento expresaba una gran fe en sus decisiones. En 2000 ese porcentaje era del 61 por ciento. Entre los colonos la cifra fue del 20 por ciento, frente al 46 por ciento de hace una década.
Aryeh Rattner, profesor de derecho que llevó a cabo la investigación, atribuye en parte esa disminución de la consideración de la Corte a su "excesiva participación" en lo que denominó temas religiosos, sociales y de seguridad controvertidos.
Sin embargo, el profesor Saban dijo que el "activismo" del que se ha acusado a la Corte era más ilusorio que real, y que el alto tribunal a menudo ha sido reacio a intervenir en casos en los que eran patentes las violaciones de derechos. En el caso del PNA, dijo, este programa manifiestamente discriminatorio venía siendo impugnado ante los tribunales desde su introducción en 1998.
"La Corte tardó casi diez años en decidir en contra del programa, y desde entonces el gobierno ha eludido aplicar la decisión judicial por lo menos hasta 2012. En otras palabras, los demandantes pueden estar desprotegidos durante 14 años. Eso no parece que sea activismo".
Jonathan Cook es escritor y periodista que reside en Nazaret, Israel. Sus últimos libros son Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East (Pluto Press) y Disappearing Palestine: Israel's Experiments in Human Despair (Zed Books). Su página web es http://www.jkcook.net.
Traducción: Javier Villate
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