La cábala de la política laicista del gobierno

Uno pensaba que la Iglesia española seguía siendo tan ultramontana como siempre y que no por casualidad fue soporte del franquismo ni ha hecho su particular "transición" hacia modos más acordes con los tiempos. Pensaba que todas sus coléricas denuncias, movilizaciones callejeras y llamamientos de voto derechón se debían a eso, a su integrismo católico. Pero me ha entrado una duda: ¿y si su activismo contra las libertades tuviera unas motivaciones más crematísticas?

Esta duda se me creó tras leer el excelente artículo de Juan José Tamayo, director de la cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones de la Universidad Carlos III de Madrid, ¿Es el Gobierno rehén de la jerarquía católica? Por cierto su respuesta es que sí. Luego volveré sobre ello. El caso es que, con el gobierno de Zapatero, la Iglesia gana más dinero. A pesar de que son cada vez menos los españoles que financian a la Iglesia católica a través del IRPF. Veamos las cosas con más detalle.

El gobierno socialista aumentó, en 2007, el porcentaje que los contribuyentes pueden destinar a la Iglesia en su declaración del IRPF: pasó del 0,52 por ciento al 0,7 por ciento. Así, mientras que en 2006 la Iglesia recaudó por esta vía 144,9 millones de euros, en 2007 esa cantidad aumentó hasta los 173,8 millones. ¿Más contribuyentes? No, menos. Más generosidad del gobierno. En 1987, la Iglesia recibió 41 millones de euros de los contribuyentes, de forma que ahora, a pesar de que somos menos los que "contribuimos", esa contribución se ha multiplicado por cuatro. O sea, el gobierno y la sociedad marchan en direcciones opuestas. Porque son cada vez menos los españoles que ponen la equis en la casilla del dinerito para la Iglesia.

Por cierto que me he acordado de una estrafalaria argumentación de Ramón Jáuregui, en calidad de secretario general del grupo parlamentario socialista en el Congreso, con motivo de la exigencia de eliminación de los funerales religiosos de estado y de la retirada de símbolos religiosos en los actos públicos de estado (como los juramentos que hacen ante crucifijos, etc.). Allí decía que "la laicidad es una cultura que debe ir siendo implantada conforme la ciudadanía la comprende y la asume. No ha hecho falta una ley para quitar los crucifijos de juzgados y escuelas y sin embargo en la mayoría de los lugares públicos ya no hay simbología religiosa". Esta poco seria justificación de lo injustificable se da, además, de bruces con la realidad: la ciudadanía comprende y asume lo que es la Iglesia y decide, año tras año, que no cuente con su dinero. Pero el gobierno del partido del señor Jáuregui no asume que la ciudadanía ha asumido lo que ha asumido y, contradiciendo el argumento de Jáuregui, decide darle más dineritos. Claro que Jáuregui había pensado ese chapucero argumento para otra cosa (para los funerales y los crucifijos)... Ahora debería explicarnos, con otro argumento igualmente brillante, por qué la estrambótica lógica que relucía en aquel caso no se aplica a esta otra situación. Es el problema de inventar justificaciones ad hoc revestidas de pretensiones teóricas.

Otra cosa que me ha divertido es que al día siguiente de que el diario PÚBLICO publicara La Iglesia gana más con Zapatero, EL PAÍS se las apañara para explicarnos que Los obispos pierden 29,5 millones por el IRPF de 2006. Que cada cual extraiga sus conclusiones.

El gobierno de Zapatero ha dicho que está comprometido con el avance de la laicidad. ¿En qué se ha traducido ese compromiso? En nada. No ha dado ni un mísero paso en esa dirección, pero sí algunos en la dirección contraria. El estado a través del IRPF, de la forma anti-jaureguiana que hemos visto, las comunidades autónomas, los conciertos con las escuelas católicas, la financiación de las actividades sociales y sanitarias de congregaciones y ONGs de la Iglesia... se empeña en mantener la excepcionalidad española, como la ha calificado Nicole Muchnik, sin parangón en la Europa democrática. Zapatero ha dicho textualmente: "no voy a cambiar el marco jurídico con la Iglesia".

Vuelvo al artículo de Juan José Tamayo. Será suficiente con citarlo brevemente: "El PSOE renunciaba a su tradición laica y se lanzaba por la pendiente de las alianzas con la Iglesia católica, en detrimento de la laicidad del Estado. Y sin nada a cambio". Tamayo propone cambiar el marco jurídico con la Iglesia, precisamente, comenzando por "la revisión del artículo 16.3 de la Constitución, que incurre en una clara contradicción al afirmar, en su primera parte, que «ninguna confesión tendrá carácter estatal» y, en la segunda, que «los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas». Es, por tanto, el propio texto constitucional el que está en el origen del trato de favor a la Iglesia católica (...) y el que constituye el primer obstáculo para avanzar en la lacidad del Estado y de sus instituciones". Tras explicar su argumento, Tamayo propone una segunda reforma: "hay que acometer la reforma de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 (...) unos acuerdos anacrónicos, más propios del nacionalcatolicismo que de un Estado que se declara no confesional y al que el Tribunal Constitucional denomina laico desde 2001".